Esta mañana, la Cámara de Diputados de la Nación finalizó una nueva y maratónica sesión que comenzó ayer alrededor de las 11 del mediodía, en la que los legisladores aprobaron, entre otras cosas, la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, y el proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”, conocida como Ley Finocchiaro.
Es preciso recordar que, respecto de la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, Diputados tenía dos dictámenes aprobados. El de minoría, escrito por la legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Dania Tavela, y firmado por Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, y el de mayoría, presentado por el bloque mayoritario de Unión por la Patria.
De esta manera, el proyecto de ley de financiamiento a las universidades de la UCR sugería una actualización del presupuesto basada en la inflación del 2023, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral que utilice un coeficiente que combine el 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos. Además, contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes.
En paralelo, el dictamen de Unión por la Patria incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias, con la incorporación de la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, obligaba explícitamente a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, y contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, el desarrollo de proyectos especiales, de institutos tecnológicos y la extensión universitaria.
En este contexto, Diputados aprobó en general el dictamen de minoría de la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, con un fuerte rechazo al proyecto que había impulsado Unión por la Patria, y la inclusión de artículos complementarios por parte de los distintos sectores que integran la cámara baja del Congreso.
En la misma línea, durante la madrugada de este jueves, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que busca declarar a la educación como “servicio estratégico esencial”, que de conseguir la aprobación en la Cámara alta del Congreso, obligaría a los establecimientos educativos a permanecer abiertos, con una guardia mínima, cuando sus trabajadores realizan una medida de fuerza.
Cabe mencionar que, la iniciativa para declarar la educación como un servicio estratégico esencial fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, pero contó con aportes de diputados de la UCR, de la Coalición Cívica e Innovación Federal, y el pleno apoyo de todo el bloque de La Libertad Avanza.
En paralelo, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opusieron rotundamente al proyecto, ya que consideran que únicamente apunta a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación. En tanto, los gremios docentes plantean su rechazo a este plan desde que se presentó, y adelantaron que tomarán las medidas de acción necesarias para impedir que la Cámara alta lo ratifique.
Congreso: qué dice el proyecto de Ley Finocchiaro que aprobó Diputados
El primero de los artículos del proyecto de Ley Finocchiaro establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. De esta manera, la normativa señala que en caso de huelgas o paro, debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente en todos los establecimientos educativos que se adhieran a la medida de fuerza.
En concreto, el proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, busca dar un golpe a los paros que suelen darse en los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, que según una parte de la Cámara baja atenta contra el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina.
Así, el proyecto de Ley Finocchiaro plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro del cuerpo docente o no docente, mayor cantidad de personal debe haber en la institución, y en ese sentido, establece que en los primeros dos días de huelga el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto para garantizar las clases.
En esa línea, el proyecto sostiene que a partir del tercer día de paro, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”, y explica que la huelga “podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal afectado a la guardia”.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos, el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada de los paros y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante los mismos.
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