Buscando el aval de las entidades agropecuarias que integran el consejo directivo, el presidente del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Nicolás Bronzovich, elaboró una nueva propuesta de ajuste dentro del organismo para convencer a la motosierra del gobierno de Javier Milei que detenga la poda antes de que todo el árbol corra peligro. El plan incluye la reducción inmediata de más de mil puestos de trabajo, la venta de tierras y edificios, y un fuerte ajuste de gastos en viáticos y combustibles.
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Bichos de Campo accedió a un documento que contiene la “Propuesta de Presidencia de INTA para el análisis y decisión del Consejo Directivo en el Corto plazo (Noviembre-Diciembre 2024)”. Allí se exponen los puntos que ofrecería el INTA a los Ministerios de Economía y de Desregulación, que vienen pidiendo desde principios de año el despido de unas 1.500 personas, sobre una plantilla que en 2024 se ubica en 6.424 profesionales, técnicos y administrativos, que están dispersos por todo el país.
Por oponerse a tan fuerte ajuste, hace unas semanas renunció el ex presidente del organismo, Juan Cruz Molina Hafford, que provenía del propio organismo. Fue reemplazado por el ex director nacional de Agricultura, Bronzovich, en tanto que la vicepresidenta María Beatriz Pilu Giraudo decidió permanecer en su puesto. Es esta dupla la que ahora debe convencer a los directores por las entidades y las universidades que avalen este ajuste.
En principio, en materia de reducción de personal y ajustes administrativos, la Presidencia de INTA aceptaría llevar adelante un fuerte achique que afectaría a más de un millar de personas. Este proceso ya había comenzado con la decisión de acelerar jubilaciones y con la convocatoria a un retiro voluntario que no convenció a demasiadas voluntades.
Según blanquea Bronzovich, un total de “301 agentes participaron en el programa de retiro voluntario. Además, hay 302 empleados mayores de 65 años, de los cuales 149 ya fueron intimados a jubilarse”. Pero además, para acercarse más a la cifra exigida por quienes manejan la motosierra, la propuesta ahora es “no renovar contratos de personal ingresado en 2023 (227 contratados) y revisar acuerdos de otros trabajadores bajo regímenes específicos como becarios y contratados externos”.
Así las cosas, y sumando otras 204 bajas acumuladas este ejercicio (hasta el 13 de noviembre) , en las próximas semanas el INTA reduciría en total unas 1.043 puestos de trabajo.
Este gráfico resume las cosas:
Pero el ajuste de personal promete seguir más adelante, porque se revisaría la estructura de 300 becarios y oro centenar de empleados mediante la Carta de Intención 13 en la Fundación ArgeInta.
Lo cierto es que este ajuste dejaría en 2025 con una cantidad de personal muy inferior a la que ha tenido en los últimos casi veinte años.
No es el único ajuste que promete llevar a cabo la gestión de Bronzovich y Giraudo. En una frase que merece mayor aclaración, la conducción del INTA dice que “se analiza la posibilidad de capitalizar tierras no productivas” y se pide que “el Consejo Directivo acompañe a presidencia en la cesión de las hectáreas en Cerrillo/Salta y el edificio de Cerviño”. En estos casos, el Estado ya dio pasos en firme para la venta. Pero como el esfuerzo debe ser mayor, se anticipa que la ABBE (Administradora de Bienes del Estado) tiene un trabajo de propuesta de tierras a poner a disposición” del ajuste del gasto.
Este propuesta debería ser votada ahora por el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional, e integrado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. Entre las entidades, hasta ahora solo la Federación Agraria puso reparos públicos a este fuerte proceso de ajuste. Se sumó en las últimas horas un comunicado de Bases Federadas, que manifestó “su más enérgico rechazo al desmantelamiento” del INTA.
En otro apartado el documento del INTA plantea otra forma novedosa para achicar el gasto, mediante la “evaluación del uso de 2.600 vehículos, con especial atención a la alta inversión en combustible (1.500 millones de pesos) y viáticos (700 millones)”.
“También se detectaron oportunidades de ahorro en las líneas telefónicas y servicios de limpieza”, indica el plan de ajuste, que por otro lado plantea que estos recortes permitirá llevar adelante una “reasignación de recursos” para proyectos estratégicos, como “la creación de agro distritos”.
Bronzovich -bendecido por el poder del secretario Juan Pazo y su concuñado el secretario de Agricultura Sergio Iraeta- buscará además el aval de las entidades de productores para “tomar la gestión por parte de Presidencia de al menos cuatro de las once direcciones nacionales”. En el documento se blanquea que la intensión es poner allí “gente de confianza” de estos funcionando, “priorizando incorporar personas alineadas con la gestión actual”.
Solo se aclara que “este cambio no busca desvincular a los actuales directores, sino reubicarlos en roles de cooperación”. Usualmente esos cargos de gestión dentro del INTA son ocupados por personal de carrera, elegidos por concursos. “En este punto es válido recordar que el Consejo Directivo define estrategias, políticas y asignación de recursos, y que la Dirección Nacional hace la operación de dichas directrices hace 68 años”, se reconoce.
A más largo plazo, la propuesta de los funcionarios de La Libertad Avanza es “conformar un grupo de expertos (internos y externos) que contribuya a una revisión profunda del diseño estratégico del INTA, de cara a los próximos años”.
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