Existe desde hace 6 años un depósito sin autorización legal. El Poder Judicial se declaró incompetente. Denuncian favoritismos y vínculos políticos.
Una familia de Lonquimay denunció formalmente ante el Poder Judicial y ante organismos del gobierno provincial los daños que está sufriendo por la presencia cercana de agrotóxicos, pero las instituciones no ordenaron ninguna medida concreta para modificar esa situación, segun revelaron las personas afectadas.
La situación, que se agravó en los últimos tiempos, data de hace casi 6 años. “Ya los fueron corriendo de otros barrios”, reveló en diálogo con El Diario la mujer que hizo la denuncia, Griselda Alfonzo.
La Justicia Federal en principio declaró su incompetencia y el caso fue a parar a la justicia provincial. De acuerdo a lo que dijo la familia víctima de la situación, la Provincia ordenó el retiro de un depósito de agrotóxicos, pero otorgó un plazo de medio año, mientras la familia en cuestión sigue padeciendo varias afectaciones a su salud.
La presentación en Justicia Federal es parte del Legajo Nº 75484, en el que se determinó el paso de actuaciones al Ministerio de Agricultura de Provincia, según difundió Radio Fusión, de Catriló, que instaló el tema públicamente.
La familia dijo que Provincia verificó la denuncia: hay una presencia no autorizada de agrotóxicos, al punto que se hizo un un acta de infracción.
“Estamos afectados por fumigadoras y agrotóxicos, es un galpón que tenemos frente a nuestro hogar, en pleno barrio y al lado de la Escuela 35, como también un depósito en la zona céntrica del pueblo de bidones agrotóxicos”, dijeron las personas afectadas.
Añadieron que “la persona (responsable de esa situación) tiene ahora 6 meses para sacar todo esto, pero en la situación que hoy se encuentra mi hija necesitamos que se saquen ya. La justicia cerró la causa, según ellos por falta de pruebas, ni nos acompañaron o incentivaron a realizarlas; tengo todos los estudios que según ellos necesitaban como también testigos”, insistió Griselda Alfonzo.
Anunció que iniciará una demanda civil por el daño que está sufriendo especialmente su hija. La denuncia fue hecha en la comisaría local. Se le informó a la Fiscalía y también fueron a las oficinas de Niñez y Adolescencia.
La respuesta habría sido una “cabina bromatológica”, pero que “no cumple su función como es debida por parte del municipio; no brindan ninguna información; no dan respuesta. El municipio local se nos ríe en la misma cara de lo que nuestra hija está sufriendo", dijo la mujer.
"Más allá de lo que los médicos digan que esto está en infracción porque no está permitido por ley, ya hace 6 años que está pasando y no se cumple como la ley manda. Esta persona realizó esta actividad que está prohibida por ley y totalmente en negro, siendo concejal del pueblo -acusó-, sabiendo con conciencia lo que está mal. La Fiscalía nos cerró la causa y nos desampara ante esta situación, pero no solo a nosotros, sino a todo un pueblo. Mi nena tiene 11 años y esta lucha se desató cerca de los 5 añitos, hay más vecinos afectados como niños de problemas bronquiales, pero bueno... por alguna razón, ellos no quieren atestiguar".
Eduardo Carnicelli ya terminó su mandato como concejal.
Insistió en que “estamos pasando un momento terrible porque nos están envenenando con estos químicos que están prohibidos por la ley”.
Recordó que el año pasado el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento de La Pampa.
“Pero Lonquimay se ve que es de otra provincia porque acá le dejan seguir envenenando durante 6 meses más a una persona que no tiene ninguna autorización para hacer ese trabajo, limpian las máquinas con pesticidas a metros de las escuelas, al lado de cada establecimiento educativo hay un depósito de estos venenos y las autoridades del pueblo y de provincia están siendo cómplices de esta situación; nuestra hija y nosotros tenemos el derecho de vivir sin ser envenenados por este señor que se vé que tiene mucho peso en la política porque ni desde el municipio ni desde el Gobierno de la Provincia hacen nada para que podamos vivir sin enfermarnos”, concluyeron.
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