Según una investigación periodística, al menos 200 beneficiarios de planes sociales fueron anotados como aportantes en la Provincia de Buenos Aires.
El juez federal Sebastián Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como aportantes falsos para la última campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una primera tanda de testigos que el juez dispone para que declaren por primera vez en el marco de la causa iniciada a partir de un informe periodístico que recopiló el testimonio de varios de ellos.
Las personas que dieron su testimonio a la prensa negaron ser aportantes para la campaña de Cambiemos tanto de 2015 como de 2017 aunque sí figuran como tales.
Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, liderada por el dirigente Gustavo Vera, y que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, según trascendió.
Los denunciados por La Alameda son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
Según una investigación del programa "El Destape", el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja", quienes al ser consultados por ese medio desmintieron haber contribuido a ese fin.
Según el informe, esos aportes habrían estado destinados principalmente a la campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada, en 2017.
Esos 200 casos son correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país. Todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, lo que siginificaría casi 300 mil pesos "blanqueados" mediante este método.
"El Destape" consultó además a las personas que figuraban en esos listados: ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. Son personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante, residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, e incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos.
Dos semanas después de conocerse la investigación periodística, el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibió la primera parte del informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, la cual arrojó un resultado contundente: 99 de los 100 supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires, algo que esas personas también desconocieron.
Muchos figuran como integrantes del partido Propuesta Republicana incluso desde el año 2006. La presidenta del PRO en la Provincia es justamente la gobernadora María Eugenia Vidal.
(Con información de Noticias Argentinas y El Destape)
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