El ajuste llegó a los bomberos voluntarios. La publicación del Boletín Oficial de fines de mayo de este año confirmó el recorte del Pro-grama 43 (de Acciones de Protec-ción Civil, Prevención de Emer-gencias y Alerta Temprana y De-sastres), que depende del Ministerio de Seguridad, y subsidia a los servidores públicos.
Pasado en limpio, la decisión representa un 40 % menos de ingresos pa-ra las asociaciones bomberiles, lo que se traduce en una pérdida ad-quisitiva superior a los $ 600 millones.
La baja en la suma de dinero generó malestar en las diversas instituciones que llevaron adelante diferentes acciones para dar marcha atrás con una medida que califican de “inconstitucional”. Es que la afectación de esos recursos es-tá determinada por la ley N° 25.848, que los asigna bajo la categoría de Fuente 13, y que sirve para financiar instituciones, programas y actividades específicas de la Administración Central. Por ende, no pueden ser tocados por intereses políticos.
No obstante, en los próximos días, cada una de las asociaciones de Bomberos Voluntarios del país recibirá un depósito de $ 1.060.369 que, comparado con el del año pasado, es menor (lo percibido entonces fue $ 1.085.000). El desfinanciamiento se torna más visible si se tienen en cuenta las estimaciones de inflación proyectadas para el 2018. Así, estas instituciones deberían recibir alrededor de un 30 % más, lo que llevaría esa cifra a $ 1,600.000 para cada cuartel.
Alarmados por el escenario que se avecina, desde la Federación de Bomberos Vo-luntarios de la Provincia denuncian desfinanciamiento. En diálogo con La Tecla, su presidente, Osvaldo Lori, aseguró que “es un recorte que a muchas instituciones las deja fuera de servicio, porque en localidades muy pequeñas es difícil que los cuarteles puedan vivir de lo que puedan aportarles sus habitantes. Hay que tener en cuenta que el 60 % de las instituciones del país son dependientes de subsidio”.
Para apoyar su postura, desde la misma asociación, y luego de elevar el reclamo correspondiente al Ministerio de Seguridad y a gran parte de los legisladores nacionales y provinciales, en el mes de enero se inició una acción judicial que logró obtener una medida cautelar favorable en el tema, y en mayo se reiteró el pedido por vía administrativa, sin obtener aún respuesta alguna.
Si bien, hasta diciembre, el Estado nacional tiene tiempo de ampliar la partida y pa-gar lo que correspondería a cada entidad, lo cierto es que el panorama se proyecta negro. Para colmo, Nación toda-vía adeuda un remanente de plata que corresponde al 2017. No es un monto menor: son $ 147.396.107 que fueron solicitados oportunamente en noviembre de 2017, con una reiteración en mayo de 2018, y que ahora mutaron en un nuevo reclamo judicial. La reacción del Gobierno es la misma: indiferencia. Fuentes vinculadas a la Superintendencia de Seguros de la Nación les confiaron a los directivos de la asociación bomberil que ese dinero ya estaría perdido.
En torno al recorte del 2018, en paralelo al reclamo judicial, los bomberos se movilizaron hasta el Congreso Nacional para sostener reuniones con los legisladores, que se comprometieron a tomar cartas en el asunto. Pero lo que más asusta a los cuarteles, aun así, no es el desfinanciamiento actual, sino una información que obtuvieron en el último tiempo, y que indica un futuro nuevo recorte.
Según señalan desde la Federación de Bomberos Voluntarios, Mauricio Macri proyecta un nuevo ajuste y, para hacerlo, retocaría el porcentaje que se obtiene de la contribución obligatoria de las primas de seguros con la que se financia el subsidio. Ahora es de 5 por mil, y lo reduciría al 3,94 por mil.
latecla.info
