La sentencia por el Caso Good Night se conocerá este miércoles a las 12 horas. La semana que viene darán a conocer los fundamentos. El fiscal pidió cinco años de prisión para el intendente Luis Rogers, un comisario y el dueño del cabaré.
Este martes se cerraron los alegatos en el juicio por trata en el cabaré de Lonquimay, Good Nigth, y el veredicto se dará a conocer este miércoles a las 12 horas. El lunes pasado se formularon los alegatos pero se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, para que haga su alegato la defensora oficia Laura Armagno, que patrocina a Eduardo Fernández, acusado de partícipe secundario del delito de trata. Pidió, como el resto de las defensas, la absolución.
Los jueces fijaron que la sentencia, en la parte resolutiva, se leerá este miércoles al mediodía. A lo largo del juicio, que comenzó el 23 de mayo, declararon seis víctimas que dieron detalles del sometimiento que vivieron en el prostíbulo.
El lunes el fiscal Jorge Bonvehí había pedido 5 años de prisión para el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, el subcomisario Carlos Alanís y el dueño del cabaré Good Night, Carlos Fernández, por el delito de trata de personas. Para Bonvehí, Fernández es el autor principal mientras que Rogers y Alanís son partícipes necesarios. Además, pidió 2 años para Eduardo Fernández y para Brian Saxs como partícipes secundarios.
Las defensas plantearon varias nulidades y, en definitiva, solicitaron que todos los acusados sean absueltos. El abogado Sebastián País Rojo defiende a Rogers; Juan Carlos de la Vega y Román Fiorucci, a Fernández -que declaró desoyendo el consejo de los letrados-, y Boris Vlasich patrocina al policía Alanís. Además, Hernán Danci representa a Saxs y la defensora oficial Laura Armagno es la representante de Eduardo Fernández.
El tribunal está conformado por los jueces Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava.
Bonvehí, en su alegato, dejó claro que Carlos Fernández era el dueño del cabaré, y que tanto Rogers como Alanís “sabían perfectamente lo que allí pasaba y no hicieron nada”. En el caso del policía, que estaba a cargo de la comisaría local, dijo que “garantizaba a los propietarios la sumisión de las mujeres que allí estaban”.
También remarcó que las víctimas fueron captadas con “una falsa oferta laboral” y estaban en situación de “extrema vulnerabilidad social”. Además, dio por hecho que los “pases” se hacían en las mismas habitaciones donde dormían las mujeres.
Sobre Rogers, dijo que tuvo “la posibilidad de cesar la actividad ilegal del cabaré, pese a que la habilitación del local era de la Dirección de Estadísticas de la Provincia”. Y resaltó que “se mofó” de una nota del entonces secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, que alertaba del funcionamiento de estos locales. “Firmó las libretas sanitarias e hizo una vehemente defensa de la actividad del local ante la prensa y ante los concejales del pueblo”, insistió.
Cabe recordar que el cabaré fue habilitado en 2001 como salón de baile. Pero en 2009, después de dos denuncias, hubo un allanamiento policial y se inició una causa de alto impacto social. Rogers salió en ese momento a defender la actividad del cabaré porque el lugar ofrecía “contención” a camioneros y jóvenes.
Sin embargo, la investigación judicial, después de idas y vueltas, derivó en un procesamiento por trata de personas, a las que se explotaba sexualmente, con la colaboración del jefe policial y el jefe comunal, que garantizaban la habilitación y otorgaban libretas sanitarias a las “coperas”.
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